Por María Cecilia Villegas
Entre 1996-2000 el MINSA implemento el Programa de Salud
Reproductiva y Planificación Familiar para garantizar el acceso universal a los
servicios de salud reproductiva, planificación familiar y salud sexual,
priorizando los sectores más pobres y vulnerables.
El
objetivo fue mejorar las condiciones de salud reproductiva en los segmentos
marginados de la sociedad, dándosele énfasis a la población de la sierra por la
gran desigualdad que existía en el acceso a los servicios de salud y en los
índices de desarrollo. Así si la mortalidad materna del país era 261 x 100,000,
en Ayacucho era 1039; si la tasa de fertilidad global era 3.2, en Huancavelica
era 6.5 hijos por mujer; si la tasa de mortalidad infantil era 43 x 1000 nacidos
vivos, en Apurímac era 106. Solo 1 de 5 nacimientos ocurría en un hospital. En
1993, 1670 mujeres murieron por causas relacionadas con el embarazo, parto y
post-parto. Esto es una muerte cada 5 horas.
El programa reconoció que las mujeres tenemos el derecho de decidir cuantos hijos queremos tener y cuando. Por eso informaba y educaba sobre sexualidad y TODOS los métodos anticonceptivos disponibles y los entregaba gratis. Además se incrementó el número de centros de salud, se facilitó e impulsó el acceso al cuidado pre y post natal y los partos institucionalizados.
Entre
los métodos anticonceptivos se incluyo por primera vez la Anticoncepción
Quirúrgica Voluntaria (ligadura de trompas, vasectomía) y se estableció que las
mujeres podíamos decidir esterilizarnos voluntariamente sin necesidad de la
autorización del marido. ¡Un gran avance en los derechos de las mujeres!
Se ha hablado de 300,000 esterilizaciones "forzadas". Sin embargo de las 254,455 ligaduras de trompas realizadas, solo existieron aproximadamente 200 denuncias de esterilizaciones hechas sin consentimiento investigadas por la Defensoría [1]. Estas esterilizaciones sin consentimiento son un crimen, sí y terrible, pero de responsabilidad personal de los médicos que los cometieron, no una política de Estado, pues las normas del gobierno establecían que la AQV era libre y voluntaria, y prohibían explícitamente dar incentivos a cambio de esterilizaciones y ejercer presión. También se ha dicho que hubo miles de muertes, sin embargo, fueron 20, las lamentables muertes que ocurrieron por complicaciones acontecidas después de la operación.
El gobierno peruano NUNCA tuvo una política de Estado de
esterilización "forzada". En una campaña orquestada durante el
gobierno de Toledo, los Ministros de Salud Fernando Carbone, Luis Solari y el
asesor Juan Succar comenzaron el mito de 200,000 esterilizaciones
"forzadas", sin sustento alguno. Mientras, desde el Congreso Héctor
Chávez Chuchón, de PP planteaba la derogación de la ley que aprobaba las AQV
como método anticonceptivo. Todos ellos vinculados a agrupaciones Católicas
ultraconservadoras que se oponen al uso de anticonceptivos modernos.
Los
grupos de feministas salieron a denunciar el complot. Sin embargo, después
cederían sus principios a intereses políticos, aliándose a católicos ultraconservadores
en su afán de desprestigiar al fujimorismo y dañar a Keiko creando el monstruo
de la "esterilización forzada". Es que los intereses políticos pesan
más que los principios y la a verdad.
[1] La defensoría ha investigado cerca de 800 denuncias, pero por esterilización “forzada” solo son aprox. 200 y algunas de ellas muchas fueron declaradas sin fundamento.
