Por Gabriela Moreno
Un “masivo y escandaloso fraude electoral» donde votaron supuestamente 44000 muertos, 35000 menores de edad aparecen como «integrantes» de mesa y existen firmas adulteradas es el arqueo del balotaje en Perú que el abogado constitucionalista Gonzalo Ortiz de Zevallos presentó ante el Ministerio Público, de modo que se pueda impugnar la jornada del 6 de junio entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo.
Su denuncia resuena. Asegura que tiene pruebas documentales para demostrar que “hay personas cuyas identidades han sido usurpadas, al aparecer como miembros de mesa electoral cuando no lo fueron”, divulgó Diario Las Américas.
En esa misma dirección apunta que detectaron menores de edad en la conformación de la mesas que “están en el orden de los 12 o 13 años, cuando es a los 18 años que pueden hacerlo y todo eso consta en el padrón electoral”, además de que los peritajes arrojan una grafía «totalmente distinta». Ortiz de Zevallos sostiene que el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), la entidad que registra los decesos conoce la situación
Un fraude en tres escalas
¿Cómo se cometieron estas irregularidades? Ortiz de Zevallos lo identifica. Enumera tres escalas: la primera es en las mesas de sufragio; la segunda ocurrió en la oficina digital de procesos electorales, Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), mientras que la tercera fue en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
El experto afirma que «no solo hay el delito de abocamiento ilegal», sino que “adicionalmente tienen la condición el presidente del Perú, Francisco Sagasti y la presidente del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, de coautores en el delito contra la voluntad popular». A ellos les señala abiertamente. Asimismo, los acusa ante la autoridad judicial por «complicidad».
Sobre el papel del controvertido Jurado Nacional de Elecciones que en el proceso enfrentó la renuncia de uno de sus magistrados, sostiene que incurre en “un concurso de delitos contra la voluntad popular en la modalidad de tornar imposible el escrutinio, y al alterar en consecuencia el resultado electoral».
Jurado complicado
Otro de los delitos de la institución es el prevaricato, porque a su juicio ha aplicado normas que no corresponden, en obstrucción a la justicia, porque se ha negado a admitir la prueba.
Ortiz de Zevallos también cuestiona que frente a los recursos impugnatorios, el Jurado electoral peruano se declara sin competencia para conocer la prueba, porque no se trata de casos de hechos, sino de puro derecho o casatorio.
“Es falso, miente el presidente del JNE, Jorge Salas Arena, porque la Constitución es concisa y certera en el artículo 178 inciso 4 al asignarle no solo la potestad y responsabilidad de administrar justicia, y en el artículo 181 dice que el JNE está obligado a apreciar los hechos con criterios de conciencia”.
Incluso cita que “la Constitución política del Perú es explícita en establecer que ninguna autoridad puede interferir en la administración de justicia y que no puede ninguna autoridad abocarse al conocimiento y pronunciarse sobre materias que están sometidas al conocimiento del poder jurisdiccional, en circunstancias en que todos estos procesos estaban siendo evaluados y estaban sujetos al conocimiento del JNE”.
El presidente del Perú ha declarado que el proceso electoral es limpio, transparente, sin mancha, sin fraude alguno y en consecuencia como presidente del Perú exhortó al JNE a que proceda cuanto antes a la proclamación del candidato.
Petición polémica
La solicitud de Sagasti revienta los ánimos políticos ya caldeados. Sin embargo, Ortiz de Zevallos destaca que el artículo 24 del Código Penal del Perú establece que el instigador es considerado como coautor de los delitos subyacentes.
“No solo hay el delito de avocamiento ilegal al atribuirse funciones que no le confiere la Constitución, interfiere en la administración de justicia».
Investigación en curso
A la par de la voz del abogado transcurre en paralelo una investigación en contra de 20 de los 38 relacionados por el caso ‘Los Dinámicos del Centro’, acusados de falsedad ideológica, concusión, cohecho pasivo propio y tráfico de influencias y lavado de activos.
El detalle es que entre los formalizados figuran dirigentes del partido político Perú Libre, del candidato izquierdista Pedro Castillo y trabajadores de la Dirección Regional de Transportes de Junín, como presuntos miembros de una organización criminal dedicada a obtener ganancias ilícitas a cambio de emitir de manera irregular licencias de conducir para recaudar dinero que se usaría en la campaña política de su abanderado.
Hasta ahora, 14 de ellos están detenidos en distintas comisarías de Huancayo por este caso, mientras que la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción solicitó a la fiscalía que amplíe la investigación preparatoria e incluya al exgobernador de Junín y secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, por presunto delito contra la tranquilidad pública en la modalidad de organización criminal.
De esto, ni una palabra emite Castillo. El 20 de julio, fecha prevista para la proclamación del nuevo ocupante de la Casa de Pizarro está a la vuelta de esquina, una razón para callar entre un escenario que debate la legitimidad.
La ofensiva legal de Keiko Fujimori para impugnar 200 actas sigue en pie pese que las autoridades electorales peruanas declararon “improcedentes el 90 % de las apelaciones a las actas pendientes” presentadas por Fuerza Popular. La aspirante presidencial afirma en Twitter que “el partido no ha acabado”.
Tiene razón. Fuerza Popular tiene un plazo de tres días naturales, después de emitida el Acta de Proclamación de Resultados por parte del Jurado Electoral para presentar apelaciones.
